Primera reflexión sobre el acuerdo del 29 de Julio entre gobierno, patronal y sindicatos

Primera reflexión sobre el acuerdo del 29 de Julio entre gobierno, patronal y sindicatos

El 29 de julio ha tenido lugar una reunión entre el presidente del Gobierno, la Ministra de Trabajo, los secretarios generales de CCOO y UGT y de las patronales CEOE y CEPYME. Según el comunicado conjunto emitido al término de la misma, el objetivo de esta reunión ha sido el de “dar nuevos pasos en el impulso del diálogo social para favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social, de acuerdo con lo acordado en la reunión del pasado 18 de marzo”. Desde esta reunión celebrada en marzo pasado, todas las partes han estado trabajando un documento de bases para un acuerdo en materia de negociación tripartita. Cándido Méndez ha declarado que el documento que ha salido de esta reunión supone una apuesta compartida por el diálogo social, y que supone deponer la vía de las decisiones unilaterales.

Sobre esto último habría mucho que decir, pero para ceñirnos al resultado de esta reunión, ¿qué dice en realidad el documento en cuestión?

Si se analiza bien, además del compromiso de extender el diálogo social en el marco de las instituciones europeas (que desde luego no tenemos ninguna duda que el gobierno pondrá todo el empeño en ello), y de alguna declaración de principio que vuelve a incidir sobre los mismos errores –condicionar el impulso de la actividad económica, la protección social, la lucha contra la exclusión social, a la sostenibilidad de las cuentas públicas, que todos sabemos lo que quiere decir-, se hace difícil encontrar algo positivo para los trabajadores, más allá de vagas referencias que por lo demás se plantean concretar como más pronto en octubre. Sin embargo, por el contrario, vuelve a reiterarse el compromiso sindical de aceptar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que desligue los aumentos salariales del IPC, adaptándolos y condicionándolos a la marcha de las empresas. Admitir que va a haber empresas de un mismo ramo que tengan, unas aumeto salarial porque las “condicones” lo permitan, y otras no, ¿No va esto en la línea de lo que el TC recientemente ha fallado en relación a la preeminencia del convenio de empresa, que los sindicatos hemos criticado? Se dice igualmente que en el nuevo AENC debe contemplarse mecanismos de flexibilización interna como alternativa a la destrucción de empleo. En muchas empresas donde se ha seguido esta norma, sabemos lo que ha pasado: los trabajadores se han visto obligados a rebajarse el sueldo a cambio de la promesa de mantenimiento de las plantllas, que después por regla general no se ha cumplido.

Hay igualmente referencias a la lucha contra la dualidad y el paro juvenil, pero no cabe sino calificarlas de sarcasmo. En un  país en el que los empresarios pueden contratar cuándo y cómo les de la gana, gracias precisamente a las medidas que este gobierno ha aprobado, y en el que más de 260.000 jóvenes han tenido que emigrar, afirmar como dice el documento que el gobierno se compromete a intensificar la lucha contra el fraude (¿?) y a evitar el mal uso de la contratación temporal, son completamente inaceptables. ¿Dónde está un verdadero Plan de Empleo General, que incentive la contratación entre otros de jóvenes, no con salarios de becarios, sino con salarios dignos? ¿Dónde están las partidas para garantizar una protección social digna para los parados de larga duración? No aparecen por ningún lado sencillamente porque esto pondría en peligro el principio de la sostenibilidad de las cuentas públicas, que el gobierno prefiere dedicar a cubrir los agujeros de la banca, y a la que en contra de la opinión de la mayoría de afiliados y trabajadores, se someten los secretarios generales de CCOO y de UGT. Solo se detallan 800 millones de euros de un Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social, del Fondo Social Europeo, que el gobierno se compromete, sin cuantificar, a complementar con el Fondo de Ayuda a los Desfavorecidos. Todo esto en un pais en el que hay 6 millones de parados, el 50% de paro juvenil, más de 700.000 familias que ni tienen ningún ingreso, y en el que muchos de los que trabajan, lo hacen para ser pobres.

UNA MAYOR PRECARIZACION DE LOS CONTRATOS

Por último, lo relativo al deseo compartido por los asistentes a la reunión de “abordar las políticas salariales y de empleo en el sector público y definir una estrategia para su evolución definitiva”, así como el “impulso de la flexibilidad interna y la lucha contra la dualidad [que] deben ser objeto de diálogo social”, y el acuerdo para la “apertura de la mesa de Negociación Colectiva de la Función Pública y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público”, con toda seguridad van a indignar a todos los empleados públicos que han visto recortado su salario y han perdido una media de un 20% de poder adquisitivo. Que han visto como sus convenios eran anulados o suspendidos, después de una campaña mediática indigna. Que se hable de desarrollo del EBEP, cuando algunos de sus artículos estan actualmente suspendidos, va a ser interpretado como una burla. ¿Por qué no se exige la retirada de los decretos 5/2012 y 12/2012 que han permitido hacer retroceder a los empleados públicos hasta los niveles salariales de 2007, y laboral y socialmente hasta unos cuantos años más atrás?

No podemos sino concluir que esta reunión, lejos de servir a los trabajadores, va a permitir al gobierno continuar por la senda que ha emprendido y que le marca la Troika. Que no lo haga por decreto y lo haga con “diálogo social” no debe ser interpretado como algo positivo. Al contrario, debería hacer reflexionar a nuestros secretarios generales de  CCOO y de UGT sobre el inestimable balón de oxígeno que, de nuevo, se está ofreciendo a un gobierno, bajo cuyo mandato se ha procesado a más de 200 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga. De un gobierno responsable de una reforma laboral y de toda una serie de medidas que han pulverizado el derecho a la negociación y han reducido las relaciones laborales en el ámbito de las empresas a la ley de la jungla en la que los empresarios deciden porque tienen todas las prerrogativas para hacerlo.

Volvemos a insistir en el falso y peligroso camino que supone la aceptación del “diálogo social” que nada tiene que ver con la negociación que debe existir entre los empresarios y los sindicatos, o entre éstos y el gobierno. No es que no se pueda acudir a una reunión que convoque el gobierno. Lo que no debe hacerse es acudir a las mismas sin las reivindicaciones del movimiento sindical, siguiendo la agenda que marca el gobierno y haciendo creer la falacia oficial según la cual la economía española está saliendo de la crisis, cuando esto, en el caso de que sea verdad, es una verdad con muchas mentiras.

Ningún acuerdo es posible con un gobierno que se enfrenta a los derechos más elementales, que se enfrenta al pueblo catalán, que persigue amordazar la discrepancia y que encarcela a sindicalistas por el hecho de hacer huelga.

 NO, A UN  NUEVO BALÓN DE OXIGENO AL GOBIERNO

 Ningún trabajador puede entender, por ejemplo, que los sindicatos acudan a estas reuniones sin poner como condición previa la retirada de la reforma laboral y de todas las medidas de recorte social y salarial.